La olvidada Doctrina Estrada en las relaciones entre México y Venezuela
A fin de exponer la pésima actuación del gobierno mexicano a nivel internacional, le invito a abordar un tema que ha generado polémica en días recientes: la postura del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso [1], en referencia a los eventos acontecidos en Venezuela.
Comencemos por explorar brevemente nuestro pasado. Hubo una época en la historia del mundo en la que los países de América fueron ganando su independencia de los imperios que los habían colonizado. México consumó la suya el 27 de septiembre de 1821 [2], momento a partir del cual la nación empezó a configurarse; a tomar forma. Siguieron prácticamente cien años de luchas de todo tipo, hasta que la Revolución Mexicana nos alcanzó el 20 de noviembre de 1910 [3]. Dado que no existe un consenso sobre cuándo realmente finalizó, algunos autores marcan su “fin” (un límite no tan arbitrario) el día de la promulgación de la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige.
En aquel pasado no tan distante, había una especie de tradición o consenso tácito que consistía en reconocer o no a los gobiernos de los países. En América Latina, la Doctrina Tobar imponía el uso del reconocimiento entre las naciones del continente, con el fin de evitar que los gobiernos fueran derrocados por golpes de estado o movimientos armados en una época en la que dichos eventos eran comunes. No obstante, la doctrina fomentaba, en cierta medida, la injerencia extranjera al plantear un pronunciamiento a favor o en contra de algún gobierno. Veamos cómo la enunció su autor, el Dr. Carlos R. Tobar, en 1907 [4]:
“Las repúblicas americanas por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las discusiones intestinas de las repúblicas del Continente. Esta intervención podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento de los gobiernos de hecho surgidos de las revoluciones contra la Constitución”. [5, 6]
En los años subsiguientes, tuvieron lugar diversas conferencias internacionales que trataron el asunto del “reconocimiento” dentro del marco del derecho internacional. El interés era tal que llegaron a establecerse convenios en los cuales se indicaba que, si un gobernante llegaba al poder a través de medios distintos a los constitucionales, no sería reconocido por otras naciones. La vista de los diplomáticos estaba excesivamente centrada en la política del reconocimiento, pasando por alto que en el mundo se vivían constantes reacomodos políticos.
Tan sólo en América, muchos de los países independientes vivían sus propios procesos de reajuste. Por ejemplo, en 1930 hubo golpes en la República Dominicana (2 de marzo), en Haití (15 de mayo), en Bolivia (27 de junio), en Perú (22 de agosto) y en la República Argentina (6 de septiembre) [4].
Ante tal realidad, el gobierno del entonces Presidente de México, Ing. Pascual Ortiz Rubio, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, el Sr. Genaro Estrada Félix, se negó a someterse a la política establecida en dichos convenios, resguardando así la soberanía y la dignidad de la nación. En contraposición, expuso la postura que el gobierno mexicano asumiría en referencia al “reconocimiento” de los gobiernos “de facto” en el derecho internacional, a través de lo que ahora conocemos como la Doctrina Estrada y que fue enunciada por su creador como la Doctrina México el 27 de septiembre de 1930 [4, 7, 8]:
“Con motivo de cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el Gobierno de México ha tenido necesidad, una vez más, de decidir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de “reconocimiento” de gobiernos.
Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades, parece supeditarse a la opinión de los extraños.
La doctrina de los llamados “reconocimientos” ha sido aplicada, a partir de la gran guerra, particularmente a naciones de este continente, sin que en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa, los gobiernos de las naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas.
Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de Negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros.
En consecuencia el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posterior, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar o recibir agentes y canjear cartas autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuará usando las mismas que hasta son aceptadas por el Derecho Internacional y el Derecho Diplomático.”[4, 7, 8]
Paralelamente, desde la creación de la Sociedad de las Naciones en 1919 [9], se discutía el derecho de los pueblos a la libre determinación o a la autodeterminación [10]. A pesar de la dificultad para tratar el tema debido al gran número de colonias controladas por los diversos imperios de la época, la idea del derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como la idea de su independencia, fue tomando fuerza, impulsando con ello las ideas progresistas alrededor del globo.
La Doctrina Estrada, inspirada en los principios de la autodeterminación y de la no injerencia, rechazaba el uso del reconocimiento porque era un arma que los países más poderosos podían usar en contra de los más débiles. En este escenario, a cambio de obtener el reconocimiento internacional, los países subyugados cederían privilegios a las potencias; otra forma de colonialismo. Asimismo, el simple hecho de reconocer o no a los gobiernos, juzgarlos o calificarlos, constituía un acto de injerencia extranjera que atentaba contra la soberanía de las naciones. Debe observarse que esta doctrina no se oponía al derecho internacional que faculta a las naciones para mantener o romper las relaciones diplomáticas con el resto de los países. Simplemente, limitaba la emisión de juicio alguno sobre la legitimidad de sus gobiernos. Por otro lado, sí implicaba la igualdad jurídica de los estados, lo cual quiere decir que es el propio gobierno quien, mediante los canales diplomáticos existentes, se autocalificaría. Por lo tanto, los demás gobiernos no fungirían como censores, sino como meros observadores [4].
En el caso de México, los Estados Unidos de Norteamérica se negaron a reconocer a los gobiernos que siguieron a la Constitución de 1917. Ello debido a que en su artículo 27 enunciaba que todos los recursos naturales o minerales eran propiedad de la nación. Además, establecía que todos los recursos estratégicos (como los hidrocarburos), su uso y explotación no podían ser concesionados de ninguna manera. Tal despliegue de soberanía fue algo con lo que el gobierno estadounidense no estuvo de acuerdo, ya que sus grandes consorcios no podrían explotar más, bajo sus propias reglas, los recursos del país latinoamericano. Como consecuencia, promovieron una campaña de desprestigio internacional a través de los católicos mexicanos y norteamericanos usando a la prensa extranjera. Estrada, por su parte, se ocupó de hacer una contrapropaganda en los grupos religiosos que ignoraban la situación en la que se encontraba México, defendiendo su soberanía. Es importante mencionar que Estados Unidos no era el único país con intereses en tierras mexicanas; países europeos también sufrirían por la aplicación del artículo 27 constitucional [7].
Note cómo hoy en día, el gobierno venezolano ha sido agredido de manera sistemática por el gobierno estadounidense y sus aliados desde la llegada del chavismo al poder, el cual, promulgó una constitución que defiende la soberanía del país. La arremetida mediática que ejerce el imperio es comparable con la mala propaganda que han sufrido muchos otros gobiernos en el mundo a lo largo de la historia, incluido el de México, por no alinearse con sus intereses. Es evidente la intención de retomar y hacer válida una muy mal entendia Doctrina Tobar, tergiversada a conveniencia, en pleno siglo XXI, con el único fin de presionar al gobierno de Venezuela para que modifique sus políticas actuales, más en concreto, su Constitución, de manera que sea más “amigable” con los intereses de las corporaciones extranjeras.
La Doctrina Estrada es la consumación de la política neutral que México mantenía ante otros gobiernos. Por ejemplo, se abstuvo de participar en la Primera Guerra Mundial, razón que le impidió la entrada a la Sociedad de las Naciones y se mantuvo al margen de los problemas que se suscitaron entre diferentes países de Europa y Asia. Abogó por la resolución de los problemas por la vía pacífica y diplomática, defendiendo los intereses nacionales con base en la Constitución de 1917 [7]. Así, la política de neutralidad de México lo llevó a ser un actor de gran importancia a nivel internacional y a La Doctrina Estrada a ser acogida por muchos países en el mundo, cobrando en la actualidad gran relevancia.
Lamentablemente, a raíz de los gobiernos panistas, México ha jugado un papel deplorable en la arena internacional en tanto que ha perdido esa neutralidad que lo caracterizaba. No olvidemos el “comes y te vas” que espetó el presidente Vicente Fox al presidente cubano Fidel Castro en marzo de 2002 [11] con el fin de “evitar” conflictos con los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo evidente así la política de sumisión ante este país. El hecho de que en 2014 México se incorporara a las “fuerzas de paz” de la Organización de las Naciones Unidas (cascos azules), se interpreta como un alejamiento completo de la Doctrina Estrada al ser un agente activo para la intervención extranjera.
Con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, la Doctrina Estrada ha sido completamente triturada y tirada a la basura. México nunca debió promulgarse ni a favor ni en contra de los procesos internos de Venezuela. Mucho menos hacer un juicio sobre la legitimidad de su Presidente o de sus comicios. La Doctrina Estrada se remite a la suspensión o continuación de las relaciones diplomáticas con un país sin emitir juicio alguno sobre su gobierno o sobre sus procesos internos ya que considera que es una práctica denigrante que hiere su soberanía. Peor aún, México ha sido la punta de lanza en la conspiración de las naciones alineadas de la OEA (Organización de Estados Americanos) a favor de la injerencia extranjera y en contra de la libre determinación del pueblo venezolano.
No caigamos en el engaño. Venezuela está viviendo una campaña internacional de desprestigio mediático por defender su soberanía nacional. Los pretextos, según el imperio, pueden encontrarse en las supuestas “múltiples violaciones a los derechos humanos” y en la “falta de libertad de expresión”, si bien, dichas acusaciones nunca han sido sustentadas con evidencia; en una supuesta “dictadura” de un presidente que, de hecho, fue electo por el pueblo y en la “inconstitucionalidad de la ANC (Asamblea Nacional Constituyente)”, la cual, por cierto, está bien respaldada por la constitución de ese país. Las llamadas “guarimbas” y “manifestaciones de opositores pacíficos” han provocado ya decenas de muertos. No obstante, el gobierno estadounidense se opone a que se les lleve ante la justicia, protegiendo además a aquellos que incitan a la violencia, como lo son Henrique Capriles y Miguel Pizzarro [12], hecho que respalda de facto la escalada de violencia injustificada. Mientras tanto en México, en lo que va del año, ya van cerca de 30 mil muertos [13]. Si incluimos la guerra que inició Felipe Calderón, las cifras se vuelven estratosféricas. Algunos medios hablan de hasta 300 mil [14]; sin mencionar los ya más de 30 mil desaparecidos de esta década [17] y las incontables fosas clandestinas distribuidas a lo largo y ancho del país. Increíblemente, el gobierno estadounidense nunca se ha proclamado en contra del gobierno mexicano, denunciando las innumerables violaciones a los derechos humanos, ni la enorme tragedia de muerte e impunidad que vive el país. No hablan de que ocupamos el tercer lugar en asesinatos de periodistas, después de Afgansitán y Siria (países que, por cierto, viven una guerra impulsada por los E.E.U.U) [15, 16], lo cual sugiere que en México la libertad de expresión se encuentra seriamente amenazada o que no existe. La razón es simple. Como México finalmente cambió su Constitución Política para dar paso a la inversión privada en los sectores estratégicos que la Constitución de 1917 prohibía, lo cual significa en los hechos que dichos bienes pasan a ser propiedad de las empresas trasnacionales, entonces no somos objeto de juicio. México cedió su soberanía a cambio del reconocimiento de la gran potencia; es así como lo hace todo bien para el gobierno estadounidense. En contraste, la Venezuela soberana, lo hace todo mal.
En este sentido hemos vivido un retroceso enorme, no sólo en términos de la política exterior sino también en la defensa de la soberanía nacional y de los derechos de los ciudadanos, algo que la historia algún día deberá juzgar. Por desgracia, las consecuencias las vivimos ya todos los mexicanos y nuestros hermanos latinoamericanos.
Como siempre, los invito a revisar la historia, las fuentes, a empaparnos de información que nos ayude a crecer y a colaborar en el enriquecimiento y el mejoramiento de nuestro país y de la Patria Grande.
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Bibliografía
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Videgaray_Caso
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_México
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_mexicana
[5] http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=d&idind=513&termino=
[6] https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Tobar
[7] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/estrada_perfil.pdf
[8] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/591/42.pdf
[9] https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_las_Naciones
[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autodeterminación
[11] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/26/la-anecdot
[16] https://www.nytimes.com/es/2017/04/29/matar-periodistas-mexico-veracruz/
[17] http://www.jornada.unam.mx/2017/08/09/politica/007n1pol
No tenía ni idea de la existencia de la Doctrina Estrada y de lo justa e imparcial que es. Lo elevada, si se puede decir también. Estoy segura de que Videgaray, EPN y el resto del equipo, ignoran por completo esta doctrina o simplemente desconocen su existencia. O quizá sólo quieren sentirse “hombro a hombro con los pinches gringos”. Por otro lado, qué buena estrategia de recurrir a la historia, siempre te pone en su justa dimensión y la panorámica de este artículo es muy buena. Yo creo que este gobierno, así como los dos anteriores del PAN, han sido de lo peor que ha tenido México. Absolutamente asquerosos, viles y patéticos.
Excelente artículo.