Una visión sobre el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

Lo que sí confirmamos es la presencia de los déficits año tras año desde 2010 hasta la fecha. Por ejemplo, desde ese año hasta 2016, los ingresos estuvieron muy por debajo de los egresos por el pago de las prestaciones institucionales. En 2010, el déficit, en millones de pesos, fue de 985.1, y en 2016, de 2,126.3¹⁸, los cuales se debieron cubrir con subsidios. No olvidemos que esos años son parte del periodo más amplio en que la corrupción gubernamental llegó a niveles escandalosos de cuyas consecuencias difícilmente se repondrá del todo el Instituto.

Pero dado el crecimiento patrimonial del IPE logrado en su época de esplendor (fuertes inversiones en grandes bienes inmuebles: céntricos edificios, hoteles en lugares turísticos o de intensa actividad en el campo de los servicios, estacionamientos, locales comerciales, unidades habitacionales, albergues de pensionados, etc.), cuando los gastos en pensiones no eran tan onerosos como ahora, ¿cómo no pensar que ya estaban dadas las condiciones para que el Instituto pudiese quedar fondeado firmemente para muchas décadas por venir, garantizando así la continuidad del modelo solidario? Pero la corrupción que ya carcomía a la entidad veracruzana, al propio IPE y al resto de la nación desde mucho tiempo atrás, más la decisión de gobernantes neoliberales de acabar con el estado de bienestar, hicieron que tal objetivo tenga hoy pocas posibilidades a largo plazo.

Retomando el hilo de la relación del número de trabajadores activos por cada pensionista, diremos que aquella relación holgada de diez o más a uno ha ido disminuyendo dramáticamente con el correr de los años hasta ser, en 2021, de cuatro a uno¹⁹. Y esta disminución, muy preocupante por sus implicaciones para la viabilidad de nuestro Instituto tal como lo conocemos, no se detendrá aquí sino que seguirá con el paso del tiempo. Semejante disminución también se presentará en el resto de los sistemas de pensiones públicos de las entidades federativas ²⁰, pero no en todos tendrá implicaciones para su viabilidad debido a que algunos poseen puntales financieros sólidos.

B. Algunos logros relevantes. 2018 – 2021

Tras cuando menos una década en franco declive, durante el sexenio en curso que arrancó en 2018, el IPE da muestras de resurgimiento. Veamos a continuación algunos²¹ méritos de su actual dirección que estimamos significativos:

• Ha mejorado en transparencia.

• Aunque por un periodo que probablemente será corto, los subsidios para susbsanar los déficits entre los ingresos por cuotas y aportaciones y los egresos por pago de prestaciones institucionales han sido estabilizados.

• De los 44 inmuebles propiedad del IPE, varios de los que estaban invadidos han sido rescatados, y otros (con construcción o sin ella) han sido objeto de buen mantenimiento, con el consecuente incremento de su valor de mercado o del rendimiento que ahora generan por haberse dado en alquiler.

• Aunque lentamente, se ha logrado el pago de una parte de los adeudos que tienen con el IPE diversos organismos del gobierno del estado, algunos ayuntamientos y otros “entes” cuyo personal es derechohabiente.

• El reglamento de operación se ha reformado a fin de agilizar los trámites para préstamos a mediano plazo, contribuyendo así al incremento de las solicitudes, mismas que de 2019 a 2021 aumentaron en 73.2 %. Esos préstamos se operan ya digitalmente.

• Mención especial por lo que pudiera representar como logro esencialmente acorde con la naturaleza misma del IPE, es la reciente remodelación y reapertura de la Estancia Garnica, espacio que jamás debió descuidarse ni destinarse a fines que no redituaron beneficio alguno para los derechohabientes.

• Mediante una política de austeridad en el gasto operativo, se han tenido significativos ahorros, los cuales han sido transferidos al fideicomiso de la reserva técnica la cual, invertida en una institución financiera, produce hoy rendimientos a tasa fija.

• Por la importancia que tiene dicha reserva para atender las prestaciones institucionales ante determinadas emergencias, según lo establece la ley vigente, cabe destacar también su constante recuperación, razón por la cual será objeto de un poco de análisis a continuación.

1. Los avatares de la reserva técnica

Al cierre de 2010, cuando se iba del gobierno Fidel Herrera y entraba Javier Duarte a ocupar su lugar, la reserva contaba con 2,857.1 millones de pesos, el mayor monto que ha conocido hasta la fecha. Echemos un ojo a la Tabla 1.

Evolución de la Reserva Técnica. IPE. 2010, 2016 – 2021
Año	Monto (millones de pesos)
2010	2,857.1
2016	931.5
2017	1,091.8
2018	1,222.1
2019	1,393.0
2020	1,525.8
2021	1,698.5
Tabla 1. Fuente: IPE, Informe de actividades 2021.pdf. Tabla elaborada con base en su gráfico de la p. 18.

Casi seis años después, luego de la política de saqueo de Duarte, solapada por la actitud cómplice del consejo directivo del Instituto, ese monto había sido reducido a 931.5 millones de pesos, o sea, a poco menos de un tercio del que recibió al inicio de su vergonzosa gestión. Nadie que conociera estos hechos podía negar que en aquel momento estaba en alto riesgo la sobrevivencia del IPE. Sin embargo, concluido el desastroso sexenio de Duarte, la reserva técnica comenzó a dar visos de recuperación en el gobierno de Miguel Ángel Yunes (2016-2018) con Hilario Barcelata al frente del Instituto.

Al cierre de 2017, había subido a 1,091.8 millones de pesos. Y un año después, ya bajo el gobierno de Cuitláhuac García y la dirección de Daniela Griego, a 1,222.1 millones. Desde entonces, esas cifras no han dejado de subir año con año, por lo que se puede decir que la reserva técnica se halla en una modesta pero consistente recuperación, distante aún del máximo alcanzado. Pero pasemos a observar cómo se comportan los incrementos registrados en la Tabla 1. Para ello, convirtamos ésta en un gráfico de línea usando los datos desde 2016 hasta 2021. El procedimiento produce la figura que aparece a continuación.

​​Observémosla con detenimiento. Los puntos colocados perpendicularmente arriba de cada uno de los años desde 2016 a 2021, indican los correspondientes montos de reserva en millones de pesos. Lo primero que llama la atención es que su recuperación ha seguido prácticamente una línea recta, lo que difícilmente puede ser resultado de la casualidad sino de una decisión tomada por quienes poseen esa facultad. En otras palabras: está planeada la tasa de recuperación (la planeación es deseable y normal en toda institución). Es obvio entonces que si no se altera significativamente esa tasa, o sea, si no se alteran los factores que determinan la recuperación constante que se observa, se puede estimar sus montos para algunos años venideros. Para ello basta con prolongar la recta más allá de 2021 (nosotros lo hicimos hasta 2024) y hacer las lecturas correspondientes en el gráfico. Se ve así que a fines de 2022 contará la reserva con alrededor de 1,850 millones de pesos y, al término de 2024, con unos 2,200 millones, lo que equivaldrá al 77% del máximo registrado, el cual, a ese paso, no se alcanzará hasta 2029. A pesar de la política de austeridad en los gastos de operación, de los ingresos por alquiler o venta de inmuebles y de los intereses que generan tanto los préstamos a los derechohabientes como las inversiones de capital a tasa fija. Mucho tiempo, ¿no?

C. Problemas acuciantes

1. El pendiente principal: ¿soga al cuello o acicate para la salvación?

– Sire, ¿sobre qué reináis?
– Sobre todo -respondió el rey, simplemente.
– ¿Sobre todo?
Y el rey, haciendo un gesto discreto, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas.
– ¿Sobre todo eso? -dijo el Principito.
– Sobre todo eso -respondió el rey.

[…]

– Y las estrellas, ¿os obedecen?
– Claro –le dijo el rey-. Me obedecen al instante, pues no tolero la indisciplina.
Tanto poder maravilló al Principito […]. Y como se sentía un poco triste con el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitarle al rey un deseo.
– Quisiera ver una puesta de sol… Hazme el gusto… Ordena al sol que se ponga.
– Si ordeno a un general que vuele de flor en flor, como si fuera una mariposa, o que escriba una tragedia […], y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta?
– Sería vuestra -dijo firmemente el Principito.
– Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer -replicó el rey. La autoridad debe estar basada en la razón […].

– ¿Y mi puesta de Sol? -respondió el Principito, el cual nunca olvidaba una pregunta que ya había formulado.
– Tendrás tu puesta de sol. La exigiré. Pero esperaré, como me lo dicta mi ciencia del buen gobierno, a que las condiciones sean favorables.– ¿Y cuándo serán favorables? -interrogó el Principito.
– ¡Hem! ¡Hem! -le respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario-, ¡hem!, ¡hem!, será a las… a las… será esta noche a las siete y cuarenta minutos. Y verás cómo seré obedecido.

Antoine de Saint-Exupéry
El Principito

El 20 de mayo de 2021, a petición expresa de la presidencia de la COPIPEV de resolver el grave problema del adeudo de l a Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) con el IPE, la dirección de éste informó que, con base en los registros del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz (ORFIS), ese adeudo en 2018 era de casi 7,890 millones de pesos, y que no se había dado respecto a él ninguna conciliación entre las partes ni existía documento legal donde la SEFIPLAN lo reconociera y estableciera un calendario para pagarlo gradualmente; dijo, además, que en concordancia con los registros contables del propio Instituto, esa dependencia adeudaba también al IMSS casi 7,960 millones de pesos por concepto de subsidio extraordinario y de seguro de enfermedad²².

Aparte de estos pendientes con el IPE y el IMSS, podemos apostar la cabeza sin temor de perderla a que la SEFIPLAN tiene también deudas enormes con otras instituciones veracruzanas, pues las retenciones arbitrarias y los saqueos de que fueron objeto, especialmente durante el gobierno de Javier Duarte, no tuvieron límite. Por lo tanto, no vemos cómo esa dependencia podría asumir un compromiso de pago con el IPE sin tener que hacerlo también con el resto de las instituciones acreedoras. ¿De dónde sacaría el dinero para solventar tamaño compromiso? Todavía más: Si el adeudo histórico de los gobiernos de México con los desheredados alcanza a más de la mitad de toda su población, ¿a quiénes deben atender primero los gobiernos federal y estatal… ? Por esas razones convendría cultivar un optimismo moderado sobre esta cuestión.

Pero no pensamos ni sugerimos que el IPE deba condonar sin más a la SEFIPLAN lo que le debe. La Coalición de Pensionistas, los sindicatos, etcétera, deben seguir poniendo el dedo en la llaga, siempre con los pies en la tierra para no sufrir a la postre decepciones por el incumplimiento de expectativas que, a juzgar por los hechos que acabamos de exponer, son poco probables de cumplir. Por lo tanto, parejamente a la exigencia de pago, sería muy provechoso dedicar esfuerzos a elaborar propuestas factibles que ayuden a fortalecer la viabilidad del Instituto. Siendo oro el tiempo, se puede perder mucho si condicionamos cualquier medida o acción beneficiosa a la liquidación del gran adeudo.

2. Algunos problemas estructurales

De entre las diversas variables que dan cuenta del funcionamiento del Instituto, existen al menos dos que nos parecen determinantes para explicar el origen de sus déficits financieros.

Una es la escasez de ingresos por cuotas y aportaciones. Tal escasez significa que no bastan por sí solas para cumplir los compromisos que el Instituto tiene con los jubilados. Aunque esta insuficiencia se ha agravado en determinados periodos de la vida del Instituto por desvíos de fondos, retenciones injustificadas o impagos de organismos adscritos a él, existen al menos dos causas estructurales inobjetables que determinan el problema: el origen de las cuotas y los salarios de los derechohabientes, que describiremos a continuación a través de información institucional. Partamos de la variable origen de las cuotas, presentada en la Tabla 2 de manera compacta para facilitar su lectura.

Antes de comenzar, conviene aclarar que aunque el contenido de ésta se refiere a 2015, se justifica su uso para describir lo actual, porque se trata de una variable cuyos datos no sufren cambios sustanciales con el correr del tiempo; quienes aportan cuotas son trabajadores y patrones bien focalizados y definidos por la ley. El inobjetable Perogrullo lo diría mejor: los adscritos al IPE son los que son.

Cuotas y aportaciones según organismo de procedencia IPE. 2015 (millones de pesos)
Organismo	Total	%
	3,361.7	100
Gobierno del estado y organismos descentralizados	2,278.6	67.8
Universidad Veracruzana	508.0	15.1
Ayuntamientos	469.9	14.0
Otros (a)	105.2	3.1
Tabla 2. (a) Incluyen al propio IPE, cuyas cuotas y aportaciones sólo representan el 0.3% del total. Fuente: IPE, Informe de actividades 2015. Tabla elaborada con base en la que aparece en su p. 8.

Salta a la vista que tres grandes entidades son las responsables de prácticamente el 97% de los ingresos del Instituto por cuotas y aportaciones, siendo el principal el propio gobierno del estado y sus organismos descentralizados -por ejemplo, la Secretaria de Educación de Veracruz- con el 67.8%; le siguen, bastante abajo, la Universidad Veracruzana con 15.1% y el conjunto de ayuntamientos afiliados con 14%. Mirando de cerca esta composición, aparece en relieve que se trata de instituciones que ya no pueden darse el lujo de agrandar notoriamente el tamaño de sus plantas laborales de base; es más, lo que notamos es que ha habido desde hace años una tendencia a achicarlos o a frenar su crecimiento.

En 2011, por ejemplo, estaba en operación un programa de retiro voluntario del gobierno del estado para sus empleados, el cual, a decir del contralor del IPE en ese entonces, “era un éxito”, pues hacia mediados de ese año, se habían adherido al programa, respaldado por un fondo de un mil quinientos millones de pesos provenientes del ejecutivo estatal, alrededor de 4,000 trabajadores²³. Hoy, hasta donde sabemos, ya no existe ese programa, pero en el caso de ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado, cada vez que hay nuevas autoridades, éstas pugnan por adelgazar sus plantillas, con las consecuentes demandas por despidos²⁴.

En cuanto a la Universidad Veracruzana, su número de trabajadores de base tampoco puede crecer gran cosa, pues es ya una institución consolidada desde hace mucho; dicho de otro modo, su extraordinaria expansión que muchos conocimos y que implicó nuevas contrataciones de personal de toda índole, con el consecuente aumento de cuotas al Instituto, quedó atrás hace tiempo.

Por lo tanto, no parece haber forma de que se eleve notoriamente el número de trabajadores (otra variable en juego) de los organismos e instituciones afiliados al IPE, y, en consecuencia, tampoco, en términos efectivos, los ingresos por cuotas y aportaciones; podría elevarse si, por ejemplo, se adhiriesen al IPE más ayuntamientos. Pero esta medida puede resultar ilusoria o insuficiente en lo esencial, porque, como veremos a continuación, la causa determinante de la escasez de recursos está en la variable ingresos de los trabajadores que describiremos a través del análisis del monto y distribución de sus salarios.

Al respecto, la información con que contamos corresponde al año 2016 y aparece en la tabla siguiente.

Porcentaje de trabajadores activos por rango de ingresos. IPE. 2016 (N = 96,778)
Sueldo mensual	Distribución simple	Distribución acumulada
Menos de $5,000	19.7%	Menos de $5,000 19.7%
De $5,000 a menos de $10,000	44.1%	Menos de $10,000 63.8%
De 10,000 a menos de 15,000	19.6%	Menos de $15,000 83.4%
De 15,000 a menos de 20,000	7.4%	Menos de $20,000 90.8%
De 20,000 a menos de 30,000	5.1%	Menos de $30,000 95.9%
De 30,000 a menos de 40,000	2.6%	Menos de $40,000 98.5%
De 40,000 a menos de 50,000	1.0%	Menos de $50,000 99.5%
50,000 o más	0.5%	Menos o igual que el máximo* 100%
Tabla 3 * No definido. Fuente: IPE, Informe de labores 2016.pdf. Tabla elaborada con base en el gráfico que aparece en su p. 9.

Lo primero que vemos es que los salarios mensuales de los trabajadores que cotizan en el IPE son muy dispares entre sí, pues van desde un mínimo no definido (menos de $5,000.00) hasta un máximo tampoco precisado ($50,000 ó más). Luego, observando la concentración de trabajadores en cada intervalo, descubrimos que, en el lado de los salarios más bajos, los que cobraban al mes menos de $10,000 suman el 63.8% del total; y en el lado de los salarios más altos, digamos de $30,000 o más, sólo el 4.1%. Cálculos estadísticos simples ponen de manifiesto que el ingreso promedio mensual (valor mediano) de los 96,778 trabajadores que cotizaban al Instituto en 2016 era de $8,440.00.

Por supuesto, no ignoramos que desde entonces se han otorgado anualmente incrementos de salario a los trabajadores, todos pequeños. Digamos, sin entrar en detalles, que totalizan un 15% a la fecha; es razonable afirmar entonces que el ingreso promedio es, actualmente, del orden de $9,700.00 ($8,440 x 1.15). No obstante, con ese incremento o sin él la misma conclusión subsiste: se trata de un salario promedio muy bajo, con su correspondiente efecto deficitario en las cuotas y aportaciones.

En suma: la escasez de recursos por cuotas y aportaciones está determinada estructuralmente o, dicho de otro modo, es crónica por naturaleza.

3. Los pensionistas

Lo que no dejará de subir año tras año, por razón natural, es el número de pensionistas, sobre todo los jubilados, con la consecuente carga financiera al Instituto (léase: incrementos de los subsidios federales y estatales). Echemos un ojo a la tabla siguiente:

Evolución del Número de Trabajadores Activos versus el de Pensionistas*. IPE. 2010 -2021
Año	Total (miles)	Activos (miles) (a)	Pensionistas (miles) (p)	Activos por cada pensionista (a/p)
2010	114.61	93.76	20,84	4.5/1
2012	119.67	95.96	23.71	4.0/1
2014	124.33	97.77	26.56	3.7/1
2016	126.34	96.78	29.56	3.3/1
2018	–	–	30.70	–
2020	–	–	31.89	–
2021	129.90	97.74	32.15	4.0/1
Tabla 4 * Todos los pensionados, por jubilación u otra causa. Nota 1: Por ser innecesarios para el análisis, no presentamos los datos de todos los años del periodo 2010-2021. Nota 2: Respecto a las celdas vacías, no pudimos conocer los datos. Fuente: Tabla elaborada con base en los Informes de labores del IPE de 2015, 2016 y 2021.

Para empezar, consideremos por separado las columnas tercera y cuarta. En la tercera, se observa que el número de activos pasó de 93,760 en 2010 a 97,740 en 2021, lo que representa un magro crecimiento de 4.2% a lo largo de once años, es decir, un crecimiento insignificante que apuntala la validez de las conclusiones que establecimos en el subtítulo precedente. En cambio, el número de pensionados (columna cuarta) pasó de 20,840 en 2010 a 32,150 en 2021, lo que implica un crecimiento del 54.3%. Se deduce entonces de estos hechos que los gastos del Instituto por cumplimiento de las prestaciones más importantes ganan año tras año volúmenes inquietantes que tienden a alejarse de los que se obtienen por cuotas y aportaciones, incluso recuperando todos los adeudos, en lo que se trabaja actualmente ²⁵. No obstante, una vez que se logre su total recuperación, los ingresos por este rubro tenderán a crecer a una tasa menor que la observada entre 2019 y 2021, lo que implica que los déficits respecto a los egresos por pensiones irán en aumento más rápidamente con el transcurso del tiempo, pues ya sabemos ahora que la escasez de recursos por cuotas y aportaciones en el IPE es una de sus enfermedades crónicas.

Por lo tanto, podemos ver el IPE como una gran olla de presión, el crecimiento del número de pensionados como el fuego creciente a que está sometida, y la obtención de ingresos extras, como válvulas de alivio. Sobra decir que la olla corre el gran riesgo de estallar en un futuro no lejano, salvo que se tomen diversas medidas, una de las cuales sería atenuar el fuego al mínimo. Es probable que esto último suceda ya, porque, si volvemos a la Tabla 4 y dirigimos de nuevo la mirada a su cuarta columna, descubrimos que de 2010 a 2016 el número de jubilados y pensionados creció en 41.8%; en cambio, de 2018 a 2021, ese aumento ha sido únicamente del 4.7%. Con estos datos, podríamos sostener la hipótesis de que hay una política de contención de jubilaciones en muchos de los organismos adscritos al Instituto -un pacto con los sindicatos adheridos más grandes-, que puede ser correcta siempre y cuando esté de acuerdo el personal que, cumpliendo todos los requisitos, acepta retrasar cierto tiempo el ejercicio de su derecho al retiro. No obstante, hay que señalar, por principio, que sería una medida al margen de la legalidad.

Lo cierto es que aun reduciendo el fuego al mínimo, la olla no está exenta de riesgo. Hacen falta muchas otras medidas para evitar su estallido o, al menos, para mantenerla estable los próximos tres o cinco lustros.

D. Los subsidios como garantes del sistema de pensiones de reparto

A estas alturas, ya no debe haber duda de que la tranquilidad de los pensionados del IPE depende esencialmente de los subsidios federales y estatales, principalmente de los primeros²⁶, los cuales son parte de la definición de un sistema de pensiones de reparto²⁷. La dependencia de tales subsidios para el pago oportuno de las pensiones es tal que sin ellos, aun echando mano de la reserva técnica, y suponiendo que ésta ya hubiese alcanzado su nivel del año 2010, el Instituto no satisfaría las obligaciones con los pensionados ni siquiera durante un año. Tal conclusión se basa en lo siguiente: En 2021, la legislatura del estado nos aprobó un subsidio por 3,300 mdp -cantidad superior a los 2,857.1 mdp de reserva en 2010-; ese subsidio representó el 43.4% de los 7,595.7 mdp destinados al pago de pensiones²⁸.

Aunque nos mantenemos distantes, por convicción, de una posición pesimista, sentimos que no estamos ante un riesgo menor; bien podríamos comparar éste con la espada de Damocles que pendía sobre él sujeta sólo de una crin de caballo. Quién sabe lo que puede pasar con la economía nacional, dependiente de la estadounidense, en el caso de una crisis financiera internacional de gran envergadura -o de otra índole- que podría poner en serios aprietos al gobierno mexicano.

En fin; lo dicho desde las primeras líneas reiteradamente: nada indica que lo ganado hasta ahora va a durar para muchas generaciones (confianza ingenua y excesiva); nada, tampoco, que los nubarrones son tan negros que los torrentes arrastrarán sin remedio a nuestro Instituto (pesimismo paralizante).

En conclusión: no hay más alternativa que trabajar, sobre bases realistas, por el fortalecimiento del modelo solidario que nos cobija.

E. Hacia un instituto menos vulnerable

Todo lo expuesto hasta aquí, amigos lectores, no rebasa el mero análisis reflexivo. Es indispensable profundizar el trabajo colegiado, realizar o consultar estudios actuariales y determinar las políticas más pertinentes en pro de un IPE viable para el mediano y largo plazos. Por último, sin dejar de reconocer que lo que enseguida se propone requerirá consultas con especialistas, representantes populares y los derechohabientes directamente involucrados, se aventuran las siguientes

P R O P U E S T AS:

• Estudiar la posibilidad de que el IPE opere también como un banco, que no sólo haga préstamos sino que reciba aportaciones con el carácter de inversiones de los afiliados y público en general, operando con la mecánica propia de la banca comercial. Las ganancias probables engrosarían la reserva técnica.

• Sopesar el efecto práctico de modificar las tasas de interés aplicables a los préstamos a corto o mediano plazos para derechohabientes como sigue: 9% anual para derechohabientes (activos o pensionados) cuyos ingresos sean de hasta 20 mil pesos (tal reducción beneficiaría a no menos del 80% de los afiliados al IPE); y 15% a los ingresos mayores de 20 mil. Actualmente, la tasa es única: 12% anual. Pensamos que una medida semejante tendría al menos dos efectos: por un lado, acrecentaría la demanda de préstamos de quienes tendrían más necesidad de ellos y, en consecuencia, el número de beneficiarios; por otro, engrosaría un poco más el caudal de la reserva técnica.

• Considerar la conveniencia de proponer a la legislatura del estado una inciativa de ley en la que se asiente que el gobierno estatal aporte anualmente al IPE cuando menos el mismo monto del subsidio federal correspondiente con el fin de preservar las prestaciones institucionales vigentes.

• Propiciar como política gubernamental en todas las entidades con trabajadores incorporados al IPE estímulos -tales como disminución de jornada, becas por antigüedad u otros- que les resulte atractivo el mantenerse como trabajadores en activo, a pesar de cumplir ya los requisitos para optar por la jubilación. Incluso si el Instituto afrontara el costo de algún estímulo, le resultaría menos oneroso que el pago total de la pensión.

• Mantener y fomentar la estrategia de incorporación al Instituto de organismos susceptibles de ello, digamos ayuntamientos.

• Suprimir la venta de terrenos baldíos propiedad del IPE y darles, cuando sea posible, un valor agregado, por ejemplo, construir bodegas para alquiler o casas de interés social para vender.

• Analizar la posibilidad de introducir reformas a la ley vigente que prevea cuotas de cotización bajas y escalonadas a los jubilados (actuales y por venir) como un acto acorde con el modelo solidario y bajo un esquema como el siguiente: Si la pensión es de hasta 20 mil pesos mensuales, 0%; de más de 20 mil hasta 30 mil, 2%; de más de 30 mil hasta 40 mil, 4%; de más de 40 mil hasta 50 mil, 6%; de más de 50 mil, 12%. Esto daría un promedio de alrededor de 54 millones de pesos anuales. Tales cotizaciones podrían quedar bajo la denominación de “cotización solidaria” para que su monto fuese fácilmente identificable y computable y tendrían como destino la reserva técnica.

• Estudiar las implicaciones para los derechohabientes del decreto número 598 con el cual se modificó el artículo 98 de la ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz el 12 de noviembre de 2015. Luchar por su derogación si es dañino²⁹.

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Apéndice

1. La Ley 287 del IPE

No hablaremos aquí, por supuesto, de todos los artículos que integran el cuerpo legal que establece el rumbo del quehacer del Instituto, salvo de uno que nos ha llamado la atención.

En la ley publicada en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz-Llave, el 9 de noviembre de 1996, se asentaba:

Artículo 98. De darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales.

En 2015, durante el clímax de la expoliación y los ataques de Javier Duarte a las instituciones estatales, se estableció, el 12 de noviembre del mismo año, el decreto 598 mediante el cual se modificaba dicho artículo para quedar como sigue:

Artículo 98. De darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales. El gobierno del Estado será responsable solidario³⁰ del cumplimiento de esta obligación.

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Aunque los que escribimos estas líneas no sabemos de leyes ni de sus intríngulis, nos basta con saber leer y escribir para darnos cuenta e n la primera versión, que el déficit, dado el caso, sería cubierto por el gobierno del estado y organismos públicos incorporados en la proporción que correspondiera a cada uno, lo cual, nos parece, respetaba el espíritu de un sistema de pensiones de reparto. No obstante, en el artículo modificado por decreto, el déficit será cubierto por los patrones, los cuales -salta a la vista- estarían imposibilitados de hacerlo ya que ellos representan instituciones u organismos que cumplen sus funciones gracias, precisamente, a presupuestos estatales. Ese decreto es, pues, no sólo un atentado vil a los pensionados del IPE sino una burla intolerable.

¡Ah, lo olvidábamos! ¿Qué significa ser “solidario responsable del cumplimiento de esta obligación”? Será útil indagarlo.

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Notas

1 “Cronología de la crisis financiera en Grecia”, Telesur, video, 2:16 min., Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=TOoHDdDU7Qk