Reformar el IPE oportunamente y desde abajo

En el primer trimestre de 2022, cuando se empezaba a vislumbrar la salida de las crisis provocadas por el Covid-19, mi amigo, el Mtro. Alberto Flores Callejas, tuvo la deferencia de invitarme a confeccionar juntos un texto sobre el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, el cual nos abriga a los dos como jubilados. El objetivo sería mostrar de bulto y de manera organizada algunas de sus fortalezas y debilidades más relevantes que pudieran servir a sus propios derechohabientes para la reflexión y el debate fundamentados sobre la viabilidad del Instituto como sistema de pensiones de beneficio definido, también llamado sistema de pensiones de reparto o sistema de pensiones solidario.

Al principio, pensamos en un escrito de muy pocas cuartillas, pero luego de algunas consideraciones a la luz de nuestros objetivos, convinimos que el documento debía ser breve, pero no tanto que nos impidiese desarrollar ciertos tópicos con suficiencia. El resultado de tal decisión fue un sucinto reporte de investigación que concluimos en agosto de ese mismo año y al que dimos por título Una visión sobre el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Seguía, como estaba en los planes, asumir el reto de difundirlo. Recurrimos primero a una versión fotocopiada que distribuimos en nuestro propio entorno; luego, a dos sitios web cuyos responsables nos abrieron sus puertas: el de Política ConCiencia y el de la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (COPIPEV). En Política ConCiencia, por ejemplo, ha sido visto por más de dos mil interesados a la fecha.

Finalmente, con el apoyo de la senadora por Veracruz, Gloria Sánchez Hernández, logramos su impresión en la segunda mitad de 2023 en un formato atractivo; un librito¹ de 40 páginas que presentamos públicamente por primera vez en noviembre en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, gracias a la generosa disposición de su director para abrirnos sus puertas y al interés que mostraron compañeros en retiro o en activo.

De esa primera presentación surgió la petición de replicarla en la ciudad de Veracruz ante miembros del Consejo de Jubilados de Veracruz, A.C., réplica que se llevó a cabo a principios de diciembre. Después, en lo que va de 2024, hemos viajado a Papantla y a Córdoba con el mismo propósito, siempre con la inestimable colaboración de las respectivas asociaciones de jubilados de nuestro Instituto.

Antes de cada presentación, hemos procurado actualizar, ampliar o corregir nuestro reporte con base en diversas fuentes -entre ellas, el informe anual de actividades del propio IPE-, además de mencionar y comentar información sobre reformas a sistemas de pensiones en otras entidades de la república o en otros países².

Esta labor no ha significado, ni por asomo, un haz de luces lanzadas desde un púlpito, sino una modesta aportación basada en hechos comprobables que ha animado a buen número de nuestros oyentes a externar sus propias críticas y comentarios o a dar opiniones y descripciones sobre anomalías específicas que dan pie a actos de corrupción o permisividades legales para el otorgamiento de jubilaciones cuyo tamaño, con frecuencia, no se corresponde con las cotizaciones aportadas durante la vida laboral, una de varias prácticas anómalas que trataremos de abordar en otro texto. Gracias a estos intercambios, nuestra visión… va mejorando.

Ahora bien; los hechos que describiremos a continuación son, desde hace mucho, del dominio de una minoría en la que están, como es obvio, los directores del Instituto y sus colaboradores más cercanos; el gobernador del estado y al menos dos de sus allegados, el secretario de finanzas y el de gobierno; los representantes de los sindicatos que forman parte del Consejo Directivo y su puñado de asesores; más otros que desde fuera de la estructura institucional (dirigentes de otros sindicatos y, sobre todo, jubilados organizados en diversas asociaciones), siguen con atención y actitud crítica el devenir de la semi asfixiada institución, que asistida desde hace tiempo con oxígeno complementario, da tranquilidad a sus más de 132,000 derechohabientes, de los cuales 33,600 (una cuarta parte) son pensionados.

Una de las contradicciones principales del Instituto se presenta en los déficit financieros entre los flacos ingresos por cuotas y aportaciones de sus afiliados y los gordos egresos, siempre crecientes, por el pago de las prestaciones, principalmente las jubilaciones. El saqueo, el desvío de recursos, el abandono de los bienes inmuebles por parte de gobiernos pasados hasta el de Javier Duarte de infame memoria, o los impagos de cuotas, dejó en el IPE heridas profundas de las que no se restablecerá sino con mucho esfuerzo. Sin embargo, los déficit de que hablamos tienen causas de naturaleza estructural. Traigamos a cuento las más relevantes (Nota: recurrimos al redondeo de datos para mayor claridad).

El origen de las cuotas. En términos generales, el 97% de las cuotas y aportaciones vienen de tres grandes entidades: el gobierno del estado y sus organismos descentralizados (68%), La Universidad Veracruzana (15%) y los ayuntamientos adscritos (14%). Si pensamos en las dependencias del gobierno y los ayuntamientos afiliados al Instituto, encontramos que buena parte de los cotizantes forman parte de la estructura organizativa y administrativa de las dependencias a que sirven, es decir, la baja burocracia, la cual está sujeta a una política de achicamiento o al menos de contención de su crecimiento; y si pensamos en la UV, nos damos cuenta que es una institución que dejó de expandirse hace décadas, amén de que entre el 60% y el 70% de sus docentes son de asignatura. Por supuesto, existe en todas estas entidades una minoría que ocupa puestos relevantes en la docencia o la investigación o forma parte de la alta burocracia.

De estas características de los afiliados se desprenden al menos otros tres hechos que ayudan a explicar los déficit presupuestales que, ya descubrirá el lector, son una dolencia crónica.

El número de trabajadores afiliados crece de manera insignificante con el correr del tiempo y a veces decrece con respecto al año anterior (2011, 2012, 2016, 2018); por lo tanto, sus cuotas y aportaciones registran también crecimientos magros; los que se reportan en los informes institucionales se explican por los aumentos salariales logrados por sus representaciones sindicales y por los aplicados a los salarios mínimos otorgados por el actual gobierno federal; estos dos tipos de mejora salarial, dicho sea de paso, son pan comido para la bestia inflacionaria cuando se alebresta un poco.

El ingreso promedio de dichos trabajadores es muy bajo. En 2022 lo estimamos en $10,000.00 mensuales. Al día de hoy, considerando los incrementos mencionados, quizás ronde los $13,000.00 ó $14,000.00, lo cual no cambia su condición de promedio bajo, con su correspondiente efecto en las cotizaciones y aportaciones.

Por otro lado, y en contraste con el casi estancamiento del número de activos, está el vigoroso aumento año tras año del número de pensionistas, principalmente el de jubilados, fenómeno que se explica por el hecho de que los activos de base, aunque no eleven su número, elevan su antigüedad, dándoles opción, legítimamente, a hacer valer su derecho al retiro cuando llega el momento.

Los datos siguientes fundamentan lo dicho sobre las variables número de trabajadores y número de pensionistas: De 2010 a 2023, el total de los primeros pasó de 93,800 a 98,700, es decir, subió un modesto 5% en 13 años, lo cual representa 0.4% anual en promedio en dicho periodo; el de pensionistas, en cambio, pasó de 20,800 a 33,600, o sea, subió 62%, cifra que equivale a 4.8% anual.

No parece haber condiciones, o al menos no las vemos nosotros, para engrosar sustancialmente y de manera sostenida la plantilla laboral, y el aumento incesante del número de los que optan por el retiro es ya irreversible por el simple transcurso del tiempo, lo que exige que el Instituto procure cantidades de dinero cada vez mayores para cumplirles. Hasta ahora, el gobierno federal ha sido garante de dicho cumplimiento. Por ejemplo, en el cuatrienio que va de 2018 a 2022 la federación aportó más de 3,300 millones de pesos por año en promedio, suma que representa más o menos el 40% de los gastos totales anuales del Instituto.

Si tales son algunos de los hechos que se dan en el IPE, ¿puede éste sobrevivir como sistema de reparto tal como lo conocemos…? ¿Por cuánto tiempo más…? Conviene tener presente que la barca hace agua aunque siga navegando, y el puerto está muy distante. ¿Podemos hacer algo al respecto los derechohabientes…? Mucho.

Por ejemplo:

1. Negar que lo descrito sea un problema, dando por descontado que el gobierno federal siempre estará allí para proveernos.

2. Encomendarnos a “el que todo lo puede”, porque la cosa se pondrá color de hormiga.

3. Desentendernos, porque el asunto todavía no es prioritario para nosotros; falta mucho para jubilarnos.

4. No hacer nada, porque ya somos jubilados desde hace tiempo y pase lo que pase a mediano plazo a nosotros ya no nos pasa nada.

5. Esperar a que venga desde humanas alturas una propuesta de reforma a la ley del IPE para que nosotros, sin diagnóstico certero, nos opongamos a ella con todo el ardor de nuestra militancia o la aceptemos casi sin chistar, siguiendo las recomendaciones de “los que saben”…

Sin embargo, hemos de convenir que estas posibles actitudes de nada servirán al IPE o dejarán en sus agremiados mal sabor de boca. Es mucho más esperanzador y realista ponernos en acción desde la base. Por ello, lo más conveniente es:

6. Pedir a las representaciones sindicales del Consejo Directivo del IPE y a las propias autoridades de éste que socialicen los diagnósticos y la información medular que poseen y llamen al estudio y el debate, que tomen la iniciativa (es su deber y cuentan con los recursos para ello), de suerte que los interesados en el tema puedan proponer, con conocimiento de causa, una reforma sustancial que tenga como objetivo primordial la viabilidad del IPE como sistema solidario.

Una reforma de esa índole ha de surgir del esfuerzo colectivo y oportuno.

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