La riesgosa dependencia para el IPE del subsidio federal

Entre los nombramientos anunciados por la Gobernadora Electa de Veracruz, para formar parte de su equipo de colaboradores en la ya inminente nueva administración estatal, destacó por su generalizada aceptación la ratificación de que fue objeto la Lic. Daniela Griego Ceballos, Directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Los reconocidos logros habidos en la gestión de la Lic. Griego constituyen un importante activo que bien pudiera operar como precedente para reforzar políticas de fortalecimiento financiero en el IPE, a fin de seguir garantizando, al menos en el mediano plazo, el pago de las apreciables pensiones y buenas prestaciones establecidas en su vigente ley 287; prescripciones legales que ubican a nuestro Instituto entre los organismos de su tipo que, a nivel nacional, pueden considerarse como generosos para los pensionados, a pesar de ciertas disparidades que valdría la pena analizar.

A fin de garantizar, al menos a mediano plazo, el pago de las pensiones a los derechohabientes, se hace indispensable trabajar en pro del fortalecimiento financiero del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y de los sistemas de pensiones en general. En su estado actual, el incremento de pensionados supera grandemente al incremento del personal activo que cotiza a favor del sistema de pensiones, una situación a todas luces insostenible. Para saber más, consulte Una visión sobre el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

 

Ese fortalecimiento financiero se torna imprescindible ante el crecimiento del número de derechohabientes que en años recientes alcanzó la condición de pensionados; en el año 2010 eran 20,840; en el año 2021, 32,150, lo que representa un aumento del 54.3% en once años. Esa tendencia continúa y contrasta con el magro crecimiento que en el mismo periodo tuvo el personal en activo afiliado al IPE; de 93,760 en el 2010, pasó a 97,740 en el 2021. Un aumento de apenas 4.2%.

Al igual que otros sistemas de pensiones en diversos estados de la República, el IPE viene padeciendo un severo problema estructural: las cuotas descontadas a su derechohabiencia (12% de las percepciones de cada trabajador en activo más 20% como aportación de su patrón) resultan insuficientes para solventar el pago de pensiones y otras prestaciones de ley.

Para cubrir el déficit respectivo, el Gobierno del Estado echa mano del subsidio identificado como FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas). En los últimos años, después de la debacle sufrida por los pensionistas veracruzanos en el sexenio de Javier Duarte, tal subsidio ha permitido al IPE cumplir puntualmente con las prestaciones a que obliga la ley que lo rige. De los informes de labores emitidos por su actual administración, se puede concluir que alrededor del 40% de las erogaciones hechas por el Instituto, sobre todo para el pago de pensiones, se sufragan con recursos provenientes de ese subsidio.

Sin embargo, es importante puntualizar que el referido FAFEF no constituye una segura “tabla de salvación” para el IPE. la existencia y el monto de ese subsidio dependen de cómo el Ejecutivo Federal lo proponga y de que la Cámara de Diputados cada año decida aprobarlo. A futuro, un gobierno con escasa sensibilidad para la seguridad social podría establecer otras prioridades en el presupuesto, más aún ante la eventualidad de alguna severa devaluación del peso u otra turbulencia monetaria internacional.

Por otra parte, el multicitado subsidio no está “etiquetado” exclusivamente para pensiones; puede ser ocupado para satisfacer una amplia gama de requerimientos, entre los cuales cada gobernador elige los aspectos hacia los que se canalizará dicho fondo, con la aprobación de la respectiva legislatura estatal. Ante la necesidad de obras de infraestructura u otro tipo de apoyos que los poderes Ejecutivo y Legislativo de cada entidad federativa consideren más importantes o urgentes que el pago de pensiones, es posible incluso que el grueso de la población viera con simpatía que los recursos de ese fondo fueran ocupados en otras necesidades por atenderse.

En fin, no se trata de asustar a los afiliados al IPE, sino más bien de abonar en pro de que tanto el Gobierno del Estado, y especialmente nuestro Instituto de Pensiones, las organizaciones gremiales correspondientes y los propios despreocupados o no siempre muy enterados pensionistas, propongamos y apoyemos preceptos normativos o mecanismos financieros a fin de fortalecer al IPE, de tal manera que no dependa, o no dependa tanto, de un subsidio federal jurídica y potencialmente incierto.

4.67/5 (3)

¿Qué le pareció el artículo?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *