Designación de rectores de la UV y participación de sus representados (II)

Ya dijimos, aportando una cronología de hechos verificables, que desde la fundación de la Universidad Veracruzana como universidad pública estatal (1944), es decir, como institución de educación superior creada por decreto del congreso local, los rectores eran designados únicamente por el gobernador en turno sin participación de la comunidad universitaria. Como consecuencia inmediata, un rector en aquellos años era también un subalterno del gobernador cuya injerencia en los asuntos de competencia de los universitarios era una constante.

Añadamos ahora que esa forma de designación y la exclusión efectiva del colectivo se fue interiorizando en cada uno de sus miembros a lo largo de medio siglo hasta convertirse en cultura, es decir, en una manera de concebir, hacer y aceptar las prácticas descritas (fue la veracruzana la última de todas las universidades públicas existentes en México en alcanzar la condición de autonomía y eso hasta fines del siglo XX). Y las culturas, una vez arraigadas, no desaparecen de la noche a la mañana por decreto ni por el estreno de una nueva legislación. Su desaparición y consecuente sustitución por otra, conforme a lo previsto en las nuevas leyes, lleva tiempo, suele ser gradual y depende de diversos y complejos factores de los que valdría la pena ocuparse en algún momento.

Ahora bien, esa permanencia en el tiempo de modos de pensar, ejecutar y aceptar cierto orden de cosas a pesar de la entrada en vigor de nuevas leyes que se le oponen es lo que entendemos por inercia de la vieja cultura, la cual, en el caso de la surgida y enraizada en la UV a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, dejó su impronta en el nombramiento en 1997 del primer rector de la institución autónoma. Él, que como candidato confrontó su proyecto con los de varios académicos con arraigo que también aspiraban, había llegado a la competencia recomendado del presidente Ernesto Zedillo -santo patrono de los banqueros de México-, recomendación que obviamente también hicieron suya el gobernador Patricio Chirinos y la LVI Legislatura del Estado.

Las formas de designación habían cambiado; el fondo no.

A pesar de lo anterior, la nueva legislación puso a disposición de todos los sectores que conformaban la UV el novedoso proceso de auscultación al que acudió por primera vez con entusiasmo un pequeño grupo de universitarios dentro de los cuales no pocos creían que su opinión era sinónimo de voto que contaría en la decisión final.

Luego, en los procesos de designación que siguieron, fuimos constatando que aquella creencia ha perdurado hasta la fecha en individuos de casi todos los sectores que componen la casa de estudios, por lo que podría ser de provecho el citar ahora el artículo del reglamento de la junta de gobierno que define esa cuestión y otra no menos provechosa en el momento actual:

Artículo 35: La Junta de Gobierno no tomará en cuenta presiones de ninguna especie que pretendan determinar sus decisiones. Ponderará las opiniones de la comunidad universitaria desde el punto de vista cualitativo, tanto en función de las personas que las expresen como de los argumentos que aduzcan y decidirá con independencia de juicio.

De este ordenamiento se muestran en relieve dos cosas: que la instancia de designación está amparada para desoír y rechazar todo género de presiones internas o externas de que pueda ser objeto por individuos o grupos, y que las opiniones que se vierten a favor o en contra de candidatos en los procesos legales de auscultación no son votos; ellas pueden influir en el ánimo de la junta puesto que son ponderadas por sus miembros; pueden también si se quiere ser expresadas como porcentajes con relación a un todo según sus tendencias, pero no son votos ni inclinan la balanza en el veredicto final. Dicho esto, volvamos al objeto principal de este artículo.

Durante los procesos de 2001, 2005 y 2009 (en los que también nos involucramos), la confrontación de proyectos se dio también entre varios candidatos. Los que nos presentábamos a opinar siempre fuimos pocos con relación a la masa universitaria. ¿Qué se entiende por pocos? Si el lector les da un valor de entre 1% y 3% se responderá sin ayuda de nadie y le quedará muy claro.

El sitio web de la Junta de Gobierno presenta información sobre las sucesiones rectorales desde el año 2013. En aquel entonces, se registraron diez aspirantes, entre ellos el Dr. Víctor Arredondo quien intentó asumir un tercer periodo, convencido de que su experiencia acumulada en dos rectorados y su altura de miras producirían ingentes beneficios a la institución. Valía la pena darle un empellón a la legalidad para forzarla a transitar bajo el arco del triunfo. No pudo. Resultó designada la Dra. Ladrón de Guevara. Al recordar aquella intentona, nos vienen a la memoria los fraudes patrióticos que perpetraba el PRI y las razones con que las justificaban sus voceros.

La recepción de opiniones se llevó a cabo en agosto del 05 al 16, es decir, durante diez días efectivos, pero la junta no dice en su sitio cuántas se emitieron (ibídem). Sin embargo, es razonable creer que representaron una proporción parecida a la de los casos anteriores.

En 2017, la rectora-candidata Ladrón de Guevara compitió contra seis académicos-candidatos. Fue ratificada en el cargo por el mínimo score: seis votos a su favor de los nueve posibles. El periodo destinado a recoger el sentir de la base de manera presencial fue en agosto del 09 al 16, o sea durante 6 días laborables a razón de dos para cada par de campus descentralizados y dos para Xalapa, y en línea del 10 de julio al 16 de agosto, o sea, 28 días efectivos. La cifra de participantes reportada fue de 1,344.

En 2021 se registraron trece candidatos, entre ellos Martín Aguilar quien resultó designado. Las duras condiciones de la pandemia del covid-19 obligaron a la junta a recoger la opinión de la base por el sistema de videoconferencias zoom del 10 al 20 de agosto, nueve días efectivos de los cuales se destinaron dos para las regiones más pequeñas, dos para Veracruz y cinco para Xalapa. Se registraron 3,944 solicitudes de entrevista de las cuales tuvieron lugar sólo 1,853.

Finalmente, al acercarse las fechas de designación de 2025, los detractores del rector Aguilar lo imaginaban fuera del proceso porque “siendo ya un ancianito un poco mayor de 65 años” -según ellos-, la ley actual le impedía postularse para un único periodo más.

Pero el Dr. Aguilar recurrió a su derecho de solicitud de prórroga. La junta procedió a atenderla con base en sus atribuciones y en lo asentado en la ley y llamó a la comunidad a pronunciarse al respecto. La recolección de opiniones se llevó a cabo en junio del 10 al 13, es decir, durante cuatro días laborables de los cuales se destinó un día para las tres regiones más pequeñas, uno para Veracruz y dos para Xalapa. Se pronunciaron por vía directa o indirecta 2,839 integrantes de todos los sectores de la institución. De esa cifra el 59% se pronunció a favor y el 41% en contra, lo cual, por supuesto, no fue lo decisivo para conceder la prórroga, sino un conjunto de razones que el lector, si gusta, puede conocer en los archivos del proceso.

Por último hemos de destacar que si bien esos 2,839 opinantes superaron en términos absolutos a los de los procesos anteriores, su peso relativo es de sólo 2.8% del gran total de la UV que, en números redondos, suma 100,000 actualmente.

Reprochan los detractores y también críticos acerbos de la Junta de Gobierno que el tiempo de auscultación fue insuficiente y que se caracterizó por el acarreo. Lo primero que cualquiera puede ver es que toman universitario-opinante como sinónimo de borrego, lo cual es una falta de respeto; lo segundo, con base en las evidencias empíricas señaladas más arriba, es que los tiempos de auscultación, largos o cortos, no han modificado el grado de interés del gran conglomerado por las sucesiones rectorales.

Todo lo apuntado parece evidenciar que la inercia de la vieja cultura llega fuerte hasta nuestros días. Se asemeja ésta a las ondas oscilatorias de un temblor de tierra: no se ven pero se sienten a la distancia.

Nota: El autor fue profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana de 1978 a 2012 y director de ella de 2001 a 2006.