Designación de rectores de la UV y participación de sus representados (I)

Los opositores del Dr. Martín Aguilar no se cansan de afirmar, algunos por desconocimiento de la legislación universitaria, otros por desconocimiento de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo durante las sucesiones rectorales, y unos cuantos, bien informados, por mala fe, que hasta antes del otorgamiento de la prórroga por la Junta de Gobierno que aquél había solicitado para un segundo y último periodo (posibilidad prevista en la legislación correspondiente, aunque nadie antes hubiese tenido que recurrir a ella), la competencia entre aspirantes era pareja, abierta y con amplia participación de la comunidad.

Es una afirmación falaz, como tantas otras fabricadas por el mismo grupo antagonista, usada sin escrúpulos para tratar de confundir a la comunidad universitaria menos informada y, si logran confundirla, poder involucrarla en una aventura de desestabilización. Fin avieso que hay que desbaratar aportando información relevante para los universitarios y la sociedad veracruzana.

Hagamos hoy un rápido recordatorio de ciertos hechos que han rodeado la designación de rectores de la UV y la participación de sus representados en tales acontecimientos.

Durante su etapa autónoma, el proceso de designación del rector en la Universidad Veracruzana se ha caracterizado por una baja participación de la comunidad universitaria y por peculiaridades propias de su devenir histórico.  Constituye pues una falacia afirmar que hasta antes de la prórroga concedida por la Junta de Gobierno al Dr. Martín Aguilar Sánchez, se trataba de un proceso con amplia participación, abierta y en igualdad de condiciones.

Desde la fundación de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz (1948), hasta fines del siglo XX, los rectores eran designados por el gobernador en turno, lo cual estaba previsto en la legislación vigente en aquel tiempo. Como era natural, cuando llegaba el momento de nombrar a uno nuevo, muchos aspirantes procuraban ser considerados por el gran elector, quien finalmente se inclinaba por el que le inspiraba más confianza -lo cual era lógico- y era, sin el menor asomo de duda, al menos simpatizante del Partido Revolucionario Institucional.

Ya en el cargo, cubría su simpatía partidaria con el velo de imparcialidad que imponía el caso, pues se había convertido en cabeza de una institución pública cuya naturaleza intrínseca es ser sede y campo fértil de la pluralidad de ideas. No obstante, estaba presto a cumplir, de grado o por fuerza, cualquier petición de su jefe. Fue una larga etapa en la que se concedieron, por citar sólo una práctica constante de entre muchas, puestos de variada índole dentro de la institución gracias a una simple llamada telefónica o mediante la habitual tarjetita: “Ahí te mando a fulano; colócalo, por favor”.

A pesar de tales prácticas, los rectores de aquella época eran personas honorables, instruidas en su mayoría, que aportaron, cada quien con su estilo y su visión, obras benéficas para la UV.

Pero estamos hablando del modo de escoger a un rector y de la participación de sus representados por lo que, a partir de la realidad descrita, del todo verificable, aparece en alto relieve el hecho de que durante medio siglo la facultad de elección recayó en una sola persona externa a la institución. Y en nadie más.

Cuando la UV estrenó el nuevo traje de autonomía recién confeccionado para ella (finales de 1996), no pudo evitar la inercia de la cultura del “dedazo” generada durante los cinco decenios anteriores. La primera Junta de gobierno fue integrada a propuestas del Dr. Emilio Gidi, (buen rector, el último nombrado por el ejecutivo estatal y excelente persona); de Patricio Chirinos, gobernador, y de la Legislatura de Estado. Cada uno de estos poderes o autoridades propuso, si la memoria no nos traiciona, seis candidatos que fueron sometidos a consideración del consejo universitario general que eligió a los nueve integrantes de la primera junta de gobierno, instancia ante la cual se registraron varios candidatos, uno de los cuales fue el Dr. Víctor Arredondo quien no pertenecía a la UV prácticamente desde que concluyó su licenciatura y de quien se afirmaba en los círculos mejor informados de la universidad que venía recomendado de Ernesto Zedillo, a la sazón presidente de la república (1994 – 2000). De entre todos los contendientes, él fue el escogido. No negamos que pudieran haber prevalecido sus méritos y capacidades, pero juzgue el lector si se dio en igualdad de condiciones aquella primera contienda.

También por primera vez emitió su opinión sobre los candidatos y el estado de las cosas en la institución un pequeño sector de universitarios con respecto al total, pero carecemos de datos para hablar de su peso relativo.

El primer rectorado del Dr. Arredondo abarcó de l997 a 2001; su segundo, que le fue disputado sin mayores posibilidades por un puñado de académicos prestigiosos, de 2001 a 2005, cuatrienio que no concluyó. ¿De veras puede haber igualdad de posibilidades en una contienda entre un rector-candidato y uno o varios académicos?

Durante el proceso de renovación de 2001, la instancia de designación escuchó a los contendientes, consideró sus respectivos planes de trabajo e hizo la correspondiente auscultación a la base interesada en aportar sus puntos de vista. También podemos aseverar que fue chiquita la proporción con respecto a la masa universitaria de los que acudimos a opinar, pero carecemos de los datos que lo probarían. Lo que sucede es que entonces las juntas de gobierno no publicaban sus veredictos ni el número de participantes de manera profusa, pues estaba en curso la introducción del internet en nuestra casa de estudios. Tales datos comenzaron a ser del dominio público a partir del proceso de 2017 en la página web de la propia junta, aunque en 2013 ya había emitido comunicados accesibles a todos.

En 2004, un año antes del fin de su segundo mandato, Víctor Arredondo solicitó licencia a su cargo para asumir la Secretaría de Educación de Veracruz, a invitación de Fidel Herrera Beltrán que se estrenaba como gobernador y quien, dicho sea de paso, había ganado por mínima y discutible diferencia en las urnas, por lo que su “triunfo” tuvo que dirimirse en tribunales.

Concedida la licencia, asumió la rectoría el secretario académico -así lo dispone la ley-, el Dr. Raúl Arias, quien, un año después, siendo rector sustituto, se postuló y compitió contra otros académicos y fue designado para el periodo 2005 – 2009. Al término de este cuatrienio volvió a postularse en medio de una fuerte polémica sobre si tenía derecho de hacerlo o no, ya que había ocupado la silla rectoral dos veces. Superada la polémica, volvió a ser designado para el periodo 2009 – 2013.

Con independencia de sus méritos al frente de la institución, el Dr. Arias podría pasar a la historia de la UV como el único que ocupó el cargo tres veces: de 2004 a 2005, de 2005 a 2009 y de 2009 a 2013, es decir, nueve años. La ley vigente, recordemos, asienta que se puede despachar desde Las Lomas del Estadio en dos ocasiones, no más, lo que equivale a ocho años.

Tanto en 2005 como en 2009 los que participamos en las auscultaciones también representamos una proporción muy pequeña del total de integrantes de la UV.

Abierta la convocatoria para escoger al sustituto del Dr. Arias en 2013, se registraron diez aspirantes, entre ellos el Dr. Víctor Arredondo y la Dra. Sara Ladrón de Guevara. Sí, el Dr. Arredondo se postuló para un tercer mandato a sabiendas de que la Ley Orgánica se lo impedía. Sus razones puede conocerlas todo el mundo en los archivos de aquel proceso. Finalmente la Junta de Gobierno desechó su candidatura por obvias razones y la de otros cuatro aspirantes por otros motivos. De los cinco restantes salió designada la doctora.

Es incongruente, por lo tanto, que los ex rectores propalen su preocupación por la estabilidad de la casa de estudios, exhibiendo un supuesto compromiso de defender la legalidad y acusen, sin el menor rubor, como miembros de un grupo minoritario y ruidoso, que el Dr. Martín Aguilar, “movido por la ambición de poder”, se haya atrevido a ejercer su derecho de solicitud de prórroga para un segundo y último periodo, y que descalifiquen las razones esgrimidas por los siete de los nueve integrantes de la Junta que se la concedieron.

Si la petición de prórroga del Dr. Aguilar al término de sus primeros cuatro años, con base en la ley, es descrita por sus detractores como ambición de poder, ¿cómo se describiría el haber estado nueve años en el máximo cargo o el haberse postulado, desdeñando la legalidad, para un tercer rectorado? Aventuremos una respuesta, a riesgo de equivocarnos: como deseo ferviente e irrefrenable de seguir sirviendo hasta el último aliento a la Universidad Veracruzana.

Decía don Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, hombre íntegro y congruente: “Cada quien escoge sus contradicciones”.

Nota: El autor fue profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana de 1978 a 2012 y director de ella de 2001 a 2006.

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