Antecedentes y referentes significativos en torno al IPE
El historial y el futuro de las pensiones, en general, es un asunto complejo e incierto a escala mundial. En varios países, como Grecia, Argentina, España y otros, el tema ha hecho crisis desde fines del pasado siglo. México no ha escapado a “tsunamis” parecidos en sus sistemas pensionarios, incluidos los estatales similares al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), los cuales, en estados como Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas, en diferentes momentos, han tenido que disminuir montos pensionarios, o bien modificar los requisitos para otorgar la pensión; por ejemplo, aumentando los años de servicio del trabajador, o estableciendo cierta edad mínima para su retiro de la vida laboral. Hace apenas un par de años, el sistema pensionario de Nayarit de plano se declaró en quiebra.
La reforma sufrida por los trabajadores federales en el sexenio de Felipe Calderón incluyó, entre otras mermas, que ninguna pensión otorgada por el ISSSTE fuera mayor a 10 salarios mínimos; referencia ésta luego mañosamente convertida en UMA (Unidad de Medida y Actualización), la cual hoy queda muy por debajo del salario mínimo, por los altos incrementos que éste ha tenido durante el gobierno de la 4T.
El IPE se fundó en 1952 con apego al denominado modelo solidario (o de reparto) el cual esencialmente consiste en que las pensiones del personal en retiro no dependen del ahorro individual de cada quien, sino que se sufragan fundamentalmente con las cuotas descontadas al sueldo de los trabajadores en activo y con aportaciones que la ley fija a los “patrones” de esos trabajadores. Las referidas cuotas en los primeros años de ese Instituto fueron del 5% del salario; tal porcentaje se fue incrementando poco a poco; ahora se descuenta a cada trabajador el 12% de sus percepciones. Asimismo, las aportaciones correspondientes a las dependencias en las que labora el personal afiliado al IPE se han incrementado paulatinamente; hoy cada entidad administrativa debe aportar a ese Instituto el 20% sobre el total de los sueldos que paga a sus empleados.
En décadas inmediatamente posteriores a la creación del IPE y hasta los años setenta del siglo pasado, esas cuotas y aportaciones alcanzaban holgadamente para solventar las pensiones y otras prestaciones que la ley respectiva asigna a los derechohabientes de ese Instituto. El número de pensionados crecía entonces muy lentamente en comparación con las cifras de nuevos trabajadores que año con año se incorporaban al magisterio y, en general, a la burocracia en las diversas áreas de gobierno. Por otra parte, la esperanza de vida en México no era tan alta como en la actualidad (75 años para varones y 78 para mujeres) lo cual implica que un alto porcentaje de pensionistas pueda vivir en tal condición durante 20 ó 30 años; algunos, más.
Sin embargo, es claro que el factor determinante para el desquiciamiento de los sistemas de pensiones diseñados bajo el sistema solidario, fue la extensión de políticas públicas diseñadas con apego al modelo económico neoliberal (asumido en la mayoría de los países desde los años 80 del pasado siglo, y en México, cuando menos hasta el año 2018), lapso durante el cual las políticas a nivel nacional provocaron un “adelgazamiento del Estado”. Los gobiernos hubieron de restringir el número de nuevos profesores, médicos y otros trabajadores de entidades públicas, los cuales en muchos casos eran contratados temporalmente, sin ser afiliados a organismos como el IPE. Otros factores, como la conquista laboral de la muy apreciable “pensión móvil”, implantada en los años setenta en beneficio del personal en retiro, también repercutieron en las finanzas del Instituto, el cual en la actualidad, para pagar pensiones y otras prestaciones a sus derechohabientes, tiene que recurrir al Fondo para Apoyo Federal a las Entidades Federativas (FAFEF), como lo apuntamos en anterior entrega, aparecida bajo el rubro La riesgosa dependencia para el IPE del subsidio federal.
Es imperativo destacar que la opacidad y la corrupción históricas han sido seguramente factores determinantes para que hoy el IPE tenga que depender de tal subsidio. Gobiernos hubo que “pagaron” deudas al Instituto con terrenos en breña sin mayor valor; otros se hacían una suerte de autopréstamos que no devolvían o lo hacían parcialmente y sin los respectivos intereses. El clímax de tal corrupción en Veracruz acaeció durante el sexenio de Javier Duarte, en el cual hubo severos retrasos en el pago a los pensionados, quienes incluso fueron objeto de represión el 23 de diciembre de 2014. Al respecto, abundan lastimeros testimonios.
En torno a los hechos citados existen indagaciones fidedignas y documentadas, con las cuales se han sustentado y presentado incluso demandas penales contra los responsables de evidentes desacatos, incluidos personajes que por largo tiempo fungieron, o aún fungen, como integrantes del Consejo Directivo del IPE; funcionarios y dirigentes sindicales que avalaron, o cuando menos fueron omisos, ante actos ilegales y lesivos para las finanzas del Instituto. Organismos como COPIPEV y otras asociaciones gremiales de jubilados presentaron tales demandas ante la Fiscalía del Estado, donde durante años han “dormido”, esperando un turno cuya llegada no parece factible.
Como se puede advertir, en el IPE persiste un problema estructural cuya solución no depende solo de una eficiente administración, como la que por fortuna tiene actualmente. Los derechohabientes, seguramente no todos, también tenemos alguna dosis de responsabilidad en tan complejo entramado, sobre todo por cierta permisividad legal, la cual, interpretada como conquista laboral, ha sido difícil de erradicar. Pretendemos abordar tal permisividad en una próxima entrega.
